"En muchos trámites ante la burocracia estatal, en especial en rubros “sensibles”, el Gobierno deja sin concluir, ni autorizar, solicitudes del sector privado, con el claro objetivo de mantener un elemento de presión y control sobre la empresa en cuestión, en el mejor de los casos y, en el peor, “cobrar por el favor”.
En muchos casos, el sector privado opta por abandonar y ser ganado por cansancio. En otros, opta por seguir adelante y dejar que, con el tiempo, finalmente, el problema se resuelva.
El caso de Fibertel, es sólo un ejemplo. El gobierno calló y Cablevisión avanzó.
Sin embargo, habiendo transcurrido siete años desde la compra, por parte del dueño anterior de Cablevisión, cuatro desde la fusión con Multicanal y uno y medio desde la fusión por absorción de Fibertel, en silencio, pero cobrando los cánones e impuestos correspondientes y habiendo autorizado todos los trámites adicionales (entre ellos el más importante la fusión Multicanal Cablevisión), sin objetar nada, el argumento de que, “por no tener los papeles en regla, se quita la licencia” resulta insostenible.
Mucho más si se considera que todo el marco regulatorio del sector, si tiene algún sentido, es el de defender la competencia y proteger a los consumidores y no existe nada, en la “falta de papeles” que alega el gobierno, que perjudique a los consumidores.
Por el contrario, se los favorece al permitirle actuar a un competidor más en el servicio. De manera que aquí, lo que hay que proponer, es terminar el trámite que está pendiente.
Este es un problema estructural dentro del Estado argentino del que Fibertel, insisto, es sólo un ejemplo que sale a la luz por la guerra del Gobierno con el Grupo Clarín, pero han habido otras inversiones frustradas, porque el inversor era extranjero y no quiso correr el riesgo de “que el tiempo lo arregle”, o era una PYME que no estaba en condiciones de negociar y/o coimear."
(fuente: http://www.szewachnomics.com.ar/)
O sea, no es que Fibertel esté fuera de regla o que incumpla normas; simplemente el "gobierno" no emite una autorización que corresponde, o no deja que un trámite avance, y llegado el caso (por no recibir la coima solicitada o ser un enemigo), se agarra de eso para asestar un golpe, cuando lo que hubiera correspondido es, simplemente, hacer lo lógico: DAR LA POSIBILIDAD DE PONER LAS COSAS EN REGLA, ¿O por que se creen que no se la intimó a la empresa a cumplimentar con los trámites que correspondan para que pueda seguir funcionando, y de un día para otro se decide "caducarla"? Siempre ante un supuesto incumplimiento de normas administrativas, se debe INTIMAR AL CUMPLIMIENTO antes de sancionar. Pero claro, acá lo que menos importa es la lógica o los derechos
